En entrevista con RFI Francisco Rodríguez, profesor de Asuntos Públicos Internacionales de la Universidad de Denver, se muestra escéptico sobre el impacto que puedan tener las sanciones decretadas por Washington contra 16 funcionarios venezolanos, entre ellos, Caryslia Beatriz, presidenta del Tribunal Supremo, pero que dejan por fuera el sector petrolero. 

Dieciséis funcionarios del gobierno venezolano se han agregado a la larga lista de sancionados por Estados Unidos. Las sanciones son una medida de presión de Washington que exige a Maduro rendir cuentas por violaciones a los derechos humanos y por obstruir las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Washington considera esas elecciones fraudulentas. Este jueves, medio centenar de países y la Unión Europea, en bloque, pidieron en la ONU a las autoridades venezolanas que publiquen de inmediato los resultados.

Las sanciones incluyen la congelación de activos individuales. Su impacto, sin embargo, es mínimo, según Francisco Rodríguez, profesor de Asuntos Públicos Internacionales de la Universidad de Denver y quien investiga sobre este tipo de sanciones.

"La política de sanciones no tiene impacto. Ya se ha utilizado muy fuertemente contra Venezuela. La administración Trump impuso una serie de sanciones que denominó de 'máxima presión'. Parte del concepto de un máximo es que, si maximizas la presión, la llevas a su límite, entonces no la puedes aumentar más. Recordemos que hay dos tipos de sanciones que impone Estados Unidos: las económicas y las personales. Estas sanciones son sanciones personales, sanciones a funcionarios", explica Rodríguez.

En efecto, la industria petrolera venezolana, que se considera uno de los principales pilares financieros del gobierno, ha estado bajo sanciones desde 2019. Hubo una pausa parcial durante seis meses, pero luego las medidas se reanudaron, considerando que el mandatario Nicolás Maduro había incumplido sus promesas electorales. Sin embargo, Estados Unidos otorga licencias individuales para operar en Venezuela a varias petroleras, como la estadounidense Chevron, la española Repsol y la francesa Maurel & Prom. Según Francisco Rodríguez, Washington actúa con cautela en este frente por temor a agravar la crisis económica y, en consecuencia, aumentar la ola migratoria.

"Las sanciones económicas al sector petrolero, por ejemplo, pueden tener un mayor impacto sobre la economía, pero también son peligrosas porque tienen un efecto colateral sobre aquellos venezolanos que no forman parte del régimen".

Para Rodríguez, es muy difícil que el gobierno de Maduro ceda a este tipo de presiones. "La idea de las sanciones es crear incentivos para que el otro negocie. Pero, usualmente, en este tipo de regímenes, los dictadores no entregan el poder mediante una negociación", concluye Rodríguez.

Tras el anuncio, Venezuela calificó las sanciones como un "acto grosero que busca congraciarse con quienes quieren derrocar sin éxito la democracia bolivariana".