El Gobierno contra la separación de poderes
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a ensalzar ayer la figura del Fiscal general del Estado, una vez que Álvaro García Ortiz ha presentado su obligada carta de dimisión. Sánchez no ha tenido reparos en acusar directamente al Tribunal Supremo de abuso de poder, ni en afirmar que debemos proteger a una democracia puesta en riesgo por quienes se creen con el derecho de amenazarla, y ha definido al fiscal condenado como ejemplar servidor público, como corolario a la retahíla de declaraciones impresentables contra la independencia del Poder Judicial, que se iniciaron en aquel bochornoso "¿de quién depende la Fiscalía?", funesta premonición de lo que ha sido después el desempeño de quien ha parecido más un fiscal general del Gobierno que otra cosa. De mayor gravedad aún ha sido el ataque desaforado contra los jueces por parte de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha acusado a una parte del Poder Judicial de pretender derribar al Gobierno.
Los ataques en tromba del Gobierno y sus socios contra los magistrados del Supremo, y las declaraciones del presidente Sánchez reafirmando una inocencia del fiscal que, según anuncia sin escrúpulos, corroborará el Tribunal Constitucional, suponen un auténtico escándalo desde el punto de vista democrático. Pero hay también otro riesgo: que una parte no pequeña de la sociedad española esté dispuesta a transigir con cualquier desafuero con tal de que no gobierne una alternativa que ha sido demonizada desde el discurso de investidura en el que Sánchez comenzó a levantar un muro
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