El [Gobierno] ha anunciado un cambio de rumbo inesperado en sus planes de digitalización fiscal, retrasando la entrada en vigor del sistema de facturación electrónica Verifactu hasta 2027. La medida, que iba a ser obligatoria el próximo mes de enero, ha generado una notable [inseguridad jurídica] entre [empresas y empresarios]. Así lo ha explicado el economista de ESCOEM, Álvaro Iáñez, quien señala que este 'volantazo' obliga a reprogramar tareas que ya estaban definidas y a revisar inversiones tecnológicas

Según Iáñez, la decisión del Ejecutivo no responde a una concesión para dar más tiempo a las empresas, como se podría pensar. 'En realidad, quien se lea el real decreto aprobado obedece a cuestiones políticas', afirma el economista. La razón de fondo, según especifica la propia normativa, es evitar que el sistema sea declarado inconstitucional ante la intención de Cataluña de implantar su propio sistema de ticket de forma independiente al de España.

Para muchas pymes y autónomos, este aplazamiento supone un grave contratiempo. Iáñez lamenta que para los que ya habían hecho los deberes, es una 'faena', ya que habían realizado inversiones para adaptarse a la normativa, con costes que varían desde los 300 hasta los 2.000 euros. Este cambio 'no les devuelve a ellos ni el estrés ni la pérdida de oportunidad' por haberse centrado en una adaptación que ahora queda en suspenso, aunque supone un alivio para aquellos que todavía no la habían afrontado.

Además, el experto de ESCOEM advierte de un vacío legal que afecta a las empresas que se adhirieron voluntariamente al sistema en el periodo de pruebas. La norma inicial indicaba que, una vez dentro, no podían darse de baja en un año, por lo que ahora 'se quedan en el limbo'. Se necesita una aclaración para saber si estas compañías deben permanecer ya implantadas en este sistema.

Pese a la prórroga, el economista ve 'improbable' que el sistema [Verifactu] deje de ser obligatorio en el futuro. Explica que no se trata de un nombre comercial, sino de una normativa de sistema informático de facturación que ya se aplica con éxito en grandes empresas. 'Lo que están deseando por parte del [Gobierno y de la administración] es implantarlo a todo el tejido empresarial', asegura.

En este sentido, Iáñez considera que no se debe esperar una nueva prórroga en 2027 por motivos técnicos o jurídicos, aunque no descarta que la política pueda volver a influir. El economista recuerda que el sistema Verifactu de la [Agencia Tributaria] es gratuito, pero muchas empresas con software obsoleto se han visto obligadas a pagar por las adaptaciones.