Un nuevo gasto se suma a la lista de preocupaciones para quienes buscan una vivienda de alquiler en España. Tal y como ha analizado Alberto Herrera en 'Herrera en COPE', los caseros ya pueden repercutir legalmente la tasa de basuras a sus inquilinos en los nuevos contratos. Esta práctica, que hasta ahora era asumida mayoritariamente por el propietario, se está extendiendo por todo el país.

El cambio normativo tiene su origen en una directiva europea de 2018 que España aplicó en 2022. Esta normativa obliga a que el coste del servicio de recogida de residuos recaiga sobre quien los genera, bajo el principio de "quien contamina, paga". Para el inquilino, esto supone un desembolso adicional de entre 100 y 150 euros al año, una cifra que puede ser superior en las grandes capitales.

La medida ha provocado un choque frontal. Por un lado, el Gobierno ha manifestado su intención de prohibir que se traslade esta tasa al inquilino, al igual que otros tributos como el IBI. Por otro, los caseros argumentan que la ley actual lo permite y advierten de que, si se les prohíbe, se verán obligados a "subir el precio del alquiler para compensarlo".

Como ha señalado Herrera, el alquiler en España se está convirtiendo en un "campo de batalla fiscal". La situación se describe como "la pescadilla que se muerde la cola": cualquier nuevo impuesto a los propietarios provoca que estos suban la renta para mantener sus ingresos, el inquilino paga más, el Gobierno intenta intervenir con más regulación y la tensión vuelve al punto de partida.

Otro punto clave señalado por los expertos es la gestión de los ayuntamientos. En muchos casos, las administraciones locales aumentan la tasa de basuras pero no ofrecen transparencia sobre el coste real del servicio, cómo se calcula la tarifa o en qué se traduce la subida para mejorar la recogida de residuos.

De esta forma, lo que podría parecer una cuestión meramente técnica se convierte en "una mellita más en el tema de la vivienda", según se ha valorado en COPE. Al final, este coste siempre se repercute y lo acaba pagando el más vulnerable, afectando directamente al bolsillo de inquilinos y propietarios.

Esta disparidad de criterios se ha hecho evidente en toda España. Según un estudio del Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos, un hogar en Valencia puede llegar a pagar 287 euros anuales, mientras que en Toledo la cifra es de 87 euros. La razón de esta diferencia radica en la falta de una directriz unificada, lo que ha permitido que cada ayuntamiento utilice un método de cálculo propio, basándose en el valor catastral, la superficie de la vivienda o el número de habitantes.

La capital es uno de los epicentros de la controversia. A pesar de que el propio Ayuntamiento de Madrid ha calculado la media para este año en 142 euros, el descontento ciudadano es palpable. Así lo exponía Pilar Cisneros en 'Herrera en COPE', donde ponía voz a las quejas vecinales, como las de Saturnino, un residente que, junto a su comunidad, pelea para que se retire esta, según consideran, excesiva tasa.

Cisneros reveló un caso que casi triplica la media estimada por el consistorio. 'He visto con mis propios ojos una factura de 422 euros', afirmó, perteneciente a 'una mujer jubilada que vive sola' en un piso de la calle Doctor Esquerdo. A pesar de que la vivienda se sitúa en un barrio con un alto valor catastral, el caso ha avivado la polémica. Como respuesta, el Ayuntamiento de Madrid ya ha comunicado que habrá cambios de cara a la tasa del 2026 para ajustar el cálculo del impuesto.