El delito del fiscal general del Estado
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Aunque las declaraciones de Pedro Sánchez contra los jueces del
Supremo no hacen presagiar nada bueno, menos aun cuando el presidente
del Gobierno se ha permitido decir que está seguro de que otro tribunal
les enmendará la plana, el texto de la sentencia sobre el caso del
fiscal general del Estado es un varapalo importante para un Ejecutivo
que sale a escándalo diario.
El Supremo es rotundo al señalar
que Álvaro García Ortiz delinquió: se le condena por revelar secretos de
un particular en la nota de prensa de la Fiscalía y que, en ningún
caso, se puede responder a una noticia falsa con un delito. Para el
Tribunal Supremo queda probado que el fiscal general del Estado
quebrantó sin justificación el reforzado deber de reserva sobre los
datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La
obligación de custodiar datos reservados de un particular no desaparece
por el hecho de que la información que el Fiscal conoce en virtud de su
cargo haya sido publicada con anterioridad. Si otros medios de
comunicación ya disponían del correo electrónico que fue objeto de la
polémica, no elimina de ninguna manera la protección agravada que le
correspondía al fiscal general.
La normalidad democrática
debería conllevar, tras esta sentencia, que el presidente del Gobierno
asumiera su responsabilidad política, y eso implica abandonar
definitivamente los ataques a un Poder Judicial que ha demostrado
sobradamente, a lo largo de los años y con todo tipo de gobiernos, su
independencia y altura de miras.
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