La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, acusado de ser el jefe de la red que gestionó el reparto de contratos de mascarillas durante la pandemia.

La cifra contrasta con la petición de siete años para el empresario Víctor Aldama, principal comisionista del caso, gracias a que ha reconocido los hechos y colaborado activamente con la investigación. Esa diferencia de 17 años pone en números, aunque influyan más factores, cómo la cooperación puede reducir una condena.

Seis delitos y un papel de liderazgo

El escrito de la Fiscalía describe a Ábalos como el líder de una organización criminal que se habría gestado durante las primarias de Pedro Sánchez y que operó con la colaboración de Koldo García, su antiguo asesor, y de Santos Cerdán.

Los delitos imputados al exministro son de organización criminal (7 años de cárcel), cohecho (6 años), información privilegiada (2 años), tráfico de influencias (4 años) y malversación (5 años).

En total, 24 años de prisión y una multa de más de 3,9 millones de euros, además de una fianza o incluso el ingreso en prisión provisional si el juez atiende la petición de endurecer las medidas cautelares. Una noticia que el exministro ha recibido con estupor y la que interpreta como un paso más en la campaña en su contra:

El contraste con Aldama

La Fiscalía solicita para Víctor Aldama una pena de solo siete años de cárcel. La diferencia radica en que el empresario ha reconocido los delitos, aportado documentación y colaborado con la justicia, incriminándose a sí mismo y proporcionando contratos que implicarían directamente a Ábalos.

La cooperación con la Fiscalía ha tenido recompensa. El fiscal jefe Alejandro Luzón considera creíble su versión y valora que haya contribuido al esclarecimiento de los hechos, lo que ha reducido sustancialmente su condena potencial.

Un posible giro de estrategia

La comparación con Aldama podría forzar un cambio de estrategia en el equipo de defensa de Ábalos. Hasta ahora, el exministro ha mantenido su inocencia y se ha negado a declarar ante el juez, pese a que su anterior abogado, José Aníbal Álvarez, le había recomendado colaborar.

Fuentes cercanas al proceso recuerdan que Ábalos llegó a contemplar esa posibilidad antes de declarar en el Tribunal Supremo el pasado junio, pero la víspera de su comparecencia recibió la visita de Koldo García. Tras aquella conversación, el exministro optó por acogerse a su derecho a no declarar.

La pieza del caso Koldo que afecta a Ábalos será la primera en llegar a juicio. En ella se investigan las mordidas derivadas de contratos de mascarillas adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión, de Aldama, así como los beneficios personales obtenidos por los implicados y sus entornos.

El fiscal jefe solicita también el decomiso de 430.000 euros y una indemnización de 45.000 euros a las empresas públicas INECO y Tragsa por as contrataciones de la ex Miss Asturias Claudia Montes y la expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez.