El Gobierno propuso este miércoles a los sindicatos CCOO, UGT y CSIF una subida salarial del 10% para los funcionarios públicos en el periodo 2025-2028. La subida, eso sí, no podrá superar el 4% en los ejercicios de 2025 y 2026 para no sobrepasar el techo de gasto, por lo que el 6% restante tendría que aplicarse en 2027 y 2028.

La primera respuesta de los sindicatos ha sido negativa, pues han reclamado que este 10% no compensa lo suficiente la inflación acumulada durante los últimos años, por lo que los trabajadores no podrían recuperar todo el poder adquisitivo perdido y existe el temor de que los mayores incrementos se pospongan a los años con más inflación.

Si la propuesta termina saliendo adelante, la suma del sueldo base de los funcionarios públicos más el complemento de destino en 2028 sería de entre 28.000 y 36.000 euros anuales. De hecho, los trabajadores del subgrupo A1 tendrían un salario algo superior a los 36.000 euros, lo que supondría unos 3.000 euros/año más que en 2025. Todo esto sin contar trienios y complementos específicos.

En el caso de los funcionarios del subgrupo A2, los trabajadores pasarían de cobrar 30.747€/año en 2025 a unos 33.822 euros en 2028.

Los funcionarios del grupo B tendrían una subida de algo menos de 3.000 euros/anuales, y pasarían de cobrar 29.123€ en 2025 a unos 32.035€ en 2028.

Menor sería la subida para los trabajadores del grupo C. Los del C1 pasarían de cobrar 27.237€ a unos 29.961€, y los del C2 cobrarían unos 28.037€ en 2028 mientras que ahora cobran 25.488€.

En cualquier caso, esta propuesta es una oferta del Gobierno a la mesa de negociación que, en un primer momento, los sindicatos han rechazado ya que si la inflación sube, el 10% podría quedarse corto para recuperar el poder adquisitivo perdido de muchos empleados públicos en los últimos años.

Los sindicatos se niegan y amenazan con la huelga

La primera respuesta de los sindicatos a esta propuesta ha sido negativa y se han mostrado muy críticos con la propuesta llegando incluso a amenazar con la huelga. Este jueves hay convocado un nuevo encuentro para seguir negociando.

La postura de CSIF ha sido la menos dura con el Gobierno, pero aún así también ha sido negativa porque "los dos primeros años del acuerdo supondrían una pérdida para el poder adquisitivo de los empleados públicos".

Desde CSIF han recordado, además, que "hay que tener en cuenta que desde 2022, fecha del anterior acuerdo, los sueldos se han devaluado un 8%" y que "desde 2010, cuando se produjo la bajada salarial con los recortes de ese año, la pérdida se eleva casi al 20%".

Los representantes de CCOO, por su parte, han calificado la propuesta como un "insulto" para los empleados públicos y han amenazado con retomar la convocatoria de una huelga general en diciembre "si no hay una propuesta económica justa".

Tampoco ha gustado en UGT, desde donde aseguran que "no estamos para perder oportunidades ni para perder dinero", aunque no se mojan sobre si podrían retomar o no las movilizaciones.