La okupación ilegal de viviendas sigue siendo uno de los temas más polémicos y visibles en el debate social y político español. En 2024, el Ministerio del Interior contabilizó 16.426 denuncias por usurpación y allanamiento de morada, lo que supone un aumento del 7,4% respecto al año anterior y la tercera cifra más alta de la serie histórica. Cataluña se mantiene como la comunidad más afectada, con más del 42% del total nacional, seguida por Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid.

Este escenario ha impulsado al Partido Popular a presentar una reforma en el Senado que permita a los propietarios cortar los suministros de agua, luz y gas a viviendas ocupadas sin que ello sea considerado delito de coacciones, una medida que promete cambiar radicalmente la gestión de la ocupación en el país.

Cambio legal decisivo en España

El Partido Popular aprovechará su mayoría absoluta en el Senado para impulsar una reforma del Código Penal que permitirá cortar los suministros de agua, luz y gas a viviendas ocupadas ilegalmente sin que esto sea considerado delito de coacciones. Esta iniciativa pretende facilitar el desalojo de inmuebles okupados, una demanda que los populares califican de "urgencia social".

El precedente lo sentó la Audiencia Provincial de Barcelona en marzo de 2025, que avaló jurídicamente que los propietarios pueden cortar los suministros sin incurrir en delito.

Debate político y reacciones sociales

El bloqueo de la Ley Antiokupación en el Congreso —atascada tras más de 60 prórrogas— ha empujado al PP a buscar nuevas vías legislativas, mientras partidos como Junts y PNV podrían ser decisivos cuando la reforma pase al Congreso. Desde el Gobierno, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, resta gravedad al fenómeno y lo ha relacionado con la falta de acceso a vivienda y el mercado asegurador, minimizando la alarma generada alrededor de los okupas.

El PP, por su parte, sostiene que la medida protege a pequeños propietarios que se ven doblemente perjudicados: pierden su vivienda y, hasta ahora, incurrían en delito si intentaban cortar los servicios básicos a los ocupantes ilegales.

Implicaciones para propietarios y okupas

Si la reforma prospera, supondrá un giro radical en el tratamiento penal de la ocupación: permitirá cortar los suministros a los okupas, lo que hasta ahora era delito de coacciones. Además, abrirá la puerta a desalojos más rápidos, alineándose con propuestas anteriores de desalojo exprés en 24 o 48 horas que buscan frenar la consolidación de viviendas ocupadas como domicilios protegidos legalmente.

Para los propietarios, representará una herramienta legal directa para ejercer presión y recuperar sus inmuebles, pero el debate sigue abierto sobre el equilibrio entre el derecho a la propiedad y la protección de los derechos fundamentales de los ocupantes.