El
34% -2,7 millones- de los menores de 17 años en España están en
riesgo de pobreza o exclusión social. La cifra ha aumentado 4 puntos
desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa hace 7 años. Nuestro
país arrastra un problema estructural histórico, ya que, según
explica en COPE el especialista en políticas de infancia de UNICEF
España, Gabriel González-Bueno, nunca se han desplegado suficientes
políticas de protección social centradas en la infancia. 

Así
lo acreditan los últimos
datos del informe "El beneficio
de hacer: el potencial de políticas concretas para revertir la
pobreza infantil en España",
publicado por UNICEF. El informe también indica que el riesgo es aún
mayor en hogares
monoparentales
y hogares
con adultos migrantes, y que las tasas más elevadas se registran en Murcia,
Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias.

En
España, la principal apuesta para combatir la pobreza infantil es el
Ingreso
Mínimo Vital (IMV).
En su informe, UNICEF plantea elevar el IMV para mejorar su impacto:
Un
aumento del 40%
permitiría reducir la pobreza monetaria un 1,8%.
Su coste presupuestario sería de 1.300
millones
de euros. 

Sin
embargo, el problema no es únicamente económico, sino también de
alcance. El informe denuncia que el
55%
de los hogares que podrían solicitarlo no tienen acceso a él: "Estas prestaciones focalizadas no tienen el impacto
esperado por las altas tasas de no acceso. Ese problema se resuelve
con ayudas universales", advierte González-Bueno.

Esas
ayudas universales que propone González-Bueno son las Prestaciones
Universales por Crianza (PUC)
de 100
o 200 euros mensuales.
Su potencial impacto es notable: una prestación de 100 euros
lograría reducir la pobreza infantil en un 11%, salvando a 270.000
niños. Mientras que una de 200 euros, reduciría en un 22%,
alcanzando hasta a 540.000 niños que sufren esta pobreza. 

Su
principal contra es el elevado coste: las PUC de 100 euros costarían 9.052
millones;
mientras que las de 200 costarían 18.103
millones. Es decir, más
de un punto del PIB y un 4,7%
de los últimos Presupuestos Generales del Estado.

Según
UNICEF, la mejor
medida
para reducir rápidamente la pobreza infantil sería una prestación
universal por crianza de 100 euros al mes,
capaz de rescatar a 270.000
menores.

UNICEF
también identifica otras medidas de carácter laboral que ayudarían
a reducir la pobreza infantil: Incrementar en un 20% tanto el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), como la intensidad laboral (más horas trabajadas, menos parcialidad, mayor permanencia en el
empleo). 

Ambas
medidas reducirían la pobreza, aunque el
aumento de horas trabajadas
tendría un impacto ligeramente superior, ya que beneficia a hogares
en situaciones más desfavorables. El incremento del SMI, por su
parte, ayudaría principalmente a familias que están cerca del
umbral de pobreza.

"Nuestro
escenario ideal sería una prestación universal de 100 euros, además
de políticas focalizadas en los hogares más pobres, políticas
laborales y políticas de conciliación que hagan más fácil a los
progenitores incorporarse al mercado laboral, especialmente a mujeres
y hogares monoparentales",
señala González-Bueno.

En
la misma línea, Cáritas,
a través del informe
FOESSA,
recomienda promover
empleo decente y estable,
reforzar las políticas
de infancia y familia,
garantizar el acceso a vivienda
digna
y desplegar medidas
concretas de protección social.

La
pobreza infantil no es solo una cuestión económica: tiene un
impacto profundo y duradero sobre la sociedad. Sus principales
efectos son: pérdida
estructural de capital humano y bienestar colectivo, brechas
educativas de casi dos años, aumento del 45% en la incidencia de
depresión.

España
aún está a tiempo de revertir la tendencia, pero necesita hacerlo
con
medidas ambiciosas, estables y sostenidas en el tiempo.
Además, debe actuar a contrarreloj, ya que, no solo registramos el
segundo
peor dato de toda la Unión Europea,
sino que, según un informe de Save The Children, nuestro país
debería sacar
de la pobreza a casi 900 niños cada día durante los próximos cinco
años
para cumplir con el compromiso europeo de reducción de la pobreza
infantil.