El fiscal general del Estado no podía responder a una noticia cometiendo un delito. Así lo afirma la Sala Penal del Tribunal Supremo en la sentencia que condena a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador.
La resolución, publicada el 20 de noviembre, incluye un voto particular de dos magistradas que defendían su absolución.
La condena se basa en la filtración, el 13 de marzo de 2024, a la Cadena SER del correo de la defensa de González Amador —pareja de Ayuso— y en la nota informativa difundida por la Fiscalía al día siguiente, que mencionaba ese mismo mensaje donde se admitían dos delitos.
El tribunal concluye que existe un “cuadro probatorio sólido” que apunta al acusado —o a alguien de su entorno con su conocimiento— como responsable de la filtración, y recuerda que el propio García Ortiz reconoció su intervención en la nota informativa, corroborada por la directora de comunicación de la Fiscalía.