El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado desde la cumbre euroafricana en Luanda que Álvaro García Ortiz será sustituido "en un breve espacio de tiempo" al frente de la Fiscalía General del Estado. El fiscal general presentó este lunes su renuncia tras la reciente condena del Tribunal Supremo, un gesto que Sánchez ha interpretado como prueba de su "vocación de servicio público".

Le deseo toda la suerte; tiene todo mi respeto y mi consideración

La dimisión se produjo apenas unos días después de que el Supremo condenara a García Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa por un delito de revelación de secretos relacionado con datos reservados de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La sentencia aún debe ser firmada por los siete magistrados y cuenta con dos votos discrepantes, pero el fallo ha motivado protestas ante la sede del Tribunal Supremo, donde algunos manifestantes han denunciado que todo esto es una "maniobra política".

En su carta de renuncia, remitida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, el ya exfiscal general reafirma su "profundo respeto" a las resoluciones judiciales, pero reivindica haber "servido fielmente a la institución" durante su mandato. Sánchez explicó que la carta del exfiscal "refleja el servidor público que hemos tenido al frente de la Fiscalía General durante todo este tiempo".

El presidente volvió a expresar su "discrepancia" con la sentencia del Supremo, y volvió a insistir en su convicción sobre la "inocencia" de García Ortiz. No obstante, reiteró que el Gobierno "respeta y acata" las decisiones judiciales. Por ahora, el Ejecutivo evita pronunciarse sobre un posible indulto, aunque mantiene su defensa de la labor desempeñada por el ya exfiscal general.

Mientras tanto, el Ministerio de Justicia ha activado el procedimiento para designar a su sustituto, un proceso que incluirá la propuesta de un candidato con "máxima solvencia" y trayectoria jurídica contrastada, según adelantó el propio Sánchez. Tras ello, el Consejo General del Poder Judicial deberá emitir un informe, no vinculante, y el Congreso de los Diputados evaluará los méritos antes de que el nombramiento sea aprobado en Consejo de Ministros y el cargo sea formalmente asumido ante el Tribunal Supremo.