Aunque Pedro Sánchez intente dar la impresión de que nada ha cambiado
después de la entrada prisión de José Luis Ábalos y Koldo García, la
situación de excepcionalidad política es de una gravedad que no se puede
esconder. 

La pregunta es hasta qué punto puede Sánchez obviar la realidad de tener a sus espaldas a dos exsecretarios de organización del PSOE procesados por organización criminal, entre otros delitos, con uno de ellos que ha entrado en prisión como diputado en ejercicio, lo que modifica una aritmética parlamentaria que desde hace tiempo se volvió en contra el presidente. Por no añadir el varapalo de que un fiscal general del Estado haya sido condenado o que el hermano y la mujer del presidente estén inmersos en sendos procesos judiciales.  

Aunque
sus socios no vayan a empujarle al precipicio, el Parlamento se
encuentra en estado de parálisis legislativa, como se demostró ayer con
el rechazo parlamentario a la propuesta de la senda de estabilidad,
condición para unos Presupuestos Generales que ni están ni van a ser
posibles.

 Si hoy Sánchez se sometiera a una “Cuestión de confianza”, lo más probable es que su gobierno cayera. Por tanto, España se encuentra en estado de excepción democrática. La negativa a convocar elecciones empieza a no encajar en el tristemente famoso “manual de resistencia” y además pone en grave riesgo la gobernación de un país que necesita impulso, sosiego para abordar reformas y, sobre todo, recuperar en la ciudadanía un sentido de proyecto compartido que Sánchez ha hecho volar por los aires.