La Comisión Europea (CE) prevé que el aumento del gasto público neto en España en 2026 sea superior al techo del 3,5% fijado en la senda de ajuste pactada con Bruselas, por lo que considera que el país "está en riesgo de incumplir" las reglas de disciplina fiscal europeas.

Sin embargo, el desvío del gasto público no rebasaría el límite del 0,3% del PIB anual y del 0,6% acumulado (en el horizonte del plan, en este caso 2025 y 2026) que permiten las normas, por lo que el Ejecutivo comunitario no considera que España esté infringiendo el plan fiscal acordado.

Como al resto de países en riesgo de incumplimiento, Bruselas insta a España a "tomar las medidas necesarias en su procedimiento presupuestario nacional para asegurar que la política fiscal en 2026 está en línea con las recomendaciones", según explicó la institución en un comunicado.

La Comisión Europea publicó este martes sus análisis de la situación fiscal de los Estados de la Unión Europea (UE) que, en el caso de España, en esta ocasión no incluye una opinión detallada puesto que el país no ha presentado aún un borrador presupuestario para 2026, por lo que se basa en los datos disponibles y las previsiones macroeconómicas publicadas la semana pasada por el Ejecutivo comunitario.

El ejecutivo comunitario calcula que el gasto público neto en España será unos 5.000 millones de euros superior al máximo pactado, lo que representa casi un 0,3% del PIB pero no llega a superar esa cota, por lo que se mantendría dentro de los márgenes anuales permitidos por las reglas fiscales.

El incremento estará ligado sobre todo al gasto en pensiones, defensa y pago de intereses de la deuda, según explicaron fuentes comunitarias.

Bruselas no ha tenido en cuenta en su análisis el techo de gasto presentado por el Gobierno el 18 de noviembre y, si bien considera que las cifras planteadas superan lo fijado en la senda fiscal, estas fuentes subrayan que el resultado dependerá de las medidas, en particular de ingresos, que puedan adoptarse si finalmente se presenta un borrador presupuestario para 2026.

Entre los 17 países de la eurozona para los que Bruselas ha analizado sus borradores presupuestarios para 2026, dos incumplen la senda fiscal (Países Bajos y Malta) mientras que tres están en riesgo de infringirla (Croacia, Lituania y Eslovenia) y doce están en línea con lo recomendado (Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Portugal y Eslovaquia).

Bélgica, que como España no habían presentado aún un plan presupuestario, y Austria cumplirán con sus respectivas sendas de ajuste, mientras que entre los países del resto de la UE, República Checa, Dinamarca, Suecia, Polonia y Rumanía se ceñirán a las recomendaciones, en tanto que Hungría y Bulgaria presentan riesgo de incumplimiento.

La Comisión Europea volverá a analizar la situación de todos ellos en junio, una vez tenga los datos definitivos del desempeño de 2025, y en el caso de los países que, como España, solicitaron ampliar de cuatro a siete años el periodo de su senda de ajuste fiscal, evaluará además la implementación de las reformas e inversiones que prometieron para recibir la extensión.

Fin de la supervisión posrescate

La Comisión Europea publicará este martes el informe de supervisión tras el rescate a la banca que recibió España en 2012, que confirma que el país tiene capacidad para devolver su deuda "apoyada por una sólida expansión económica y un fuerte crecimiento de los ingresos".

Se trata del último informe de este tipo que la Comisión y el Banco Central Europeo elaborarán para el país puesto que éste habrá devuelto en diciembre más del 75% de los 41.333 millones de euros que recibió, por lo que saldrá de la vigilancia comunitaria a finales de año convirtiéndose en el primer Estado en concluir esta supervisión, indicó Bruselas.