El Gobierno brasileño desplegó 1.400 agentes en ocho estados para frenar el multimillonario esquema del grupo criminal Primer Comando de la Capital, que habría blanqueado más de 9.500 millones de dólares mediante gasolineras, fondos de inversión y fintechs.

Se trata de una de las operaciones más ambiciosas de su historia reciente contra el crimen organizado. Con la participación de agentes de distintos cuerpos, el operativo se extendió por distintas regiones del país y tuvo como objetivo al Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor organización criminal del país y una de las más poderosas de América Latina.

La Policía Federal informó que fueron emitidas unas 40 órdenes de captura y se registraron 255 empresas ligadas a la facción criminal. 

El blanco central era el sofisticado entramado financiero construido por el PCC para lavar los miles de millones de reales obtenidos de sus actividades ilícitas.

El negocio de los combustibles

Según el Ministerio de Hacienda, el PCC controlaba una vasta red de 1.000 gasolineras y 1.600 camiones de distribución, además de terminales portuarias y refinerías clandestinas. 

Entre 2020 y 2024, estas operaciones generaron cerca de 52.000 millones de reales (unos 9.500 millones de dólares), y a este monto, además, se sumaron otros 10.000 millones de reales en importaciones de gasolina.

Uno de los puntos a destacar de su operación es que parte de este dinero se ocultaba en la economía formal, por lo que su desmantelamiento afecta ahora a empresas legalmente constituidas y recibirán el coletazo mayor.

Una de las compañías señaladas, Inversiones REAG, vio desplomarse sus acciones un 17% en la Bolsa de São Paulo tras el allanamiento de su sede.

Las gasolineras vinculadas al esquema declaraban ingresos muy por debajo de la realidad, evadiendo impuestos de manera sistemática, además, adulteraban los combustibles con metanol importado bajo usos supuestamente legales para diluirlo.

“Con esta operación inauguramos una nueva forma de trabajar: intentamos desmantelar la refinería del crimen organizado”, señaló el ministro de Hacienda, Fernando Haddad.

Fondos de inversión y fintechs

Las ganancias obtenidas por el negocio de los combustibles se canalizaban a través de fintechs, que funcionaban como un “banco paralelo” con transacciones superiores a 46.000 millones de reales (8.400 millones de dólares) en el mismo periodo. Éstas, aprovechan a su vez vacíos regulatorios que dificultaban rastrear el origen de los recursos.

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Posteriormente, los fondos eran reinvertidos en propiedades, fábricas de etanol, camiones de transporte y bienes inmobiliarios. Al menos 40 fondos de inversión, con un patrimonio conjunto de 30.000 millones de reales (5.500 millones de dólares), estuvieron implicados en las maniobras. 

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, calificó la operación como “un prometedor avance” frente al avance del crimen en la economía formal. “Durante mucho tiempo hemos presenciado la migración del crimen organizado hacia la legalidad”, advirtió.

La internacionalización del PCC

Nacido en una prisión de São Paulo hace tres décadas, tras la masacre de 1992 en Carandiru, el PCC comenzó como un movimiento que defendía los derechos básicos de los reclusos. 

Con el tiempo, se transformó en un imperio criminal con unos 35.000 miembros en Brasil y alrededor de 2.000 en el extranjero, en más de 30 países de América Latina, Europa, Turquía e incluso Japón.

La organización, que domina decenas de cárceles y controla barrios enteros, se ha consolidado como una multinacional del crimen con capacidad para infiltrarse en sectores clave de la economía formal.

Con EFE y medios locales.